Podcast: Reproducir en una nueva ventana | Descargar

Ud. debe haber escuchado en las noticias que durante las semanas pasadas hubo un serio incremento de los atentados de carácter terrorista en la Araucanía.

29 camiones forestales cuidados por un nochero, quien fue amenazado por encapuchados con antorchas, fueron quemados en incendio intencional en la comuna de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos.

Este atentado, el mayor de una serie ininterrumpida de actos de violencia que no han respetado ni la vida de dos ancianos, se enmarca precisamente dentro del juicio iniciado contra los presuntos asesinos del matrimonio Luchsinger-Mackay, y se destinaría a amedrentar a jueces y testigos para conseguir absolver a los presuntos culpables.

Con estos hechos de violencia, el gremio de los camioneros se ha visto completamente ultrapasado y no siente contar con el debido respaldo de las autoridades públicas.

Este sentimiento de impotencia de los transportistas no es sin causa. Inmediatamente después del referido atentado, el Fiscal Nacional declaró que correspondía a quienes desarrollan actividades productivas en la zona el resguardo de sus empresas.

Llamó la atención, para decir lo menos, que  después de un atentado de esta naturaleza, el representante del máximo organismo cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales y dar protección a víctimas y testigos,  declare que la seguridad corre por cuenta de los afectados.

Tal afirmación es particularmente grave toda vez que, si los ataques son armados y la defensa cabe a las eventuales víctimas, el propio Fiscal estaría incentivando la creación de “milicias particulares” destinadas a la legítima defensa de los bienes, ya sean productivos o culturales e incluso religiosos, vista la enorme cantidad de templos quemados.

La pasividad de las autoridades sería de molde a crear una situación de guerra interna, aún de pequeñas dimensiones, pero no por eso menos dañina y mortífera. Tanto más cuanto la facción de guerrilleros de las FARC colombianas que no han querido adherir a los acuerdos de paz y a la entrega de las armas probablemente buscarán nuevos campos de acción donde ya tienen trabados antiguos contactos de colaboración.

En este sentido es oportuno recordar las declaraciones del ex fiscal regional de La Araucanía y actual vicedecano de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Temuco, Francisco Ljubetic, sobre una de las causas que investigó: los indicios de financiamiento e instrucción militar a grupos de la zona del conflicto mapuche por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“En entrevista con La Tercera, Ljubetic contó que después de un viaje a Colombia, (las autoridades nacionales) llegaron con esta información, la cual deriva del bombardeo a un campamento de las Farc; entonces la fiscalía de Colombia, a través de los agentes policiales, lograron recuperar los discos duros internos y externos».

«Hicieron una revisión de todo este material y lo que entregaron a Chile fue un dossier con información relacionada con los correos electrónicos que decían relación con nuestro país. (…)  No recuerdo si la investigación estaba abierta o se abrió en la Fiscalía de Pudahuel, a cargo de Emiliano Arias, quien investigaba la posibilidad de que algunos grupos nacionales pudieran tener financiamiento externo, y que de eso derivara algún delito de asociación ilícita o financiamiento al terrorismo (…). A partir de eso, se indaga la posibilidad de que personas de la etnia mapuche, y en particular, los que están involucrados en algunos hechos de violencia, hayan viajado a Colombia a perfeccionarse en materia de guerrilla rural», concluyó  el ex fiscal.

“Ante la consulta de por qué no prosperó esa investigación, Ljubetic declara que ‘el gobierno colombiano pidió la extradición de Manuel Olate -el entonces militante del Partido Comunista que viajó al campamento de las Farc y se sacó fotografías con Raúl Reyes, fallecido líder de la agrupación-, primero sosteniendo que estaba vinculado con las Farc, a partir de la célula que dirigía en Chile con su nombre ficticio ‘Roque’, de manera de poder hilar las conversaciones por correos electrónicos entre Raúl Reyes y otros, más ‘Roque’, que es como firmaba los correos».

Finalmente no se pudo realizar la extradición por problemas procesales de la justicia colombiana, sin embrago los antecedentes se mantuvieron como elementos probatorios de la complicidad de ambas organizaciones.

Esta última semana, dada la compleja envergadura que va tomando esta situación, gremios productivos del sur del país que ven con preocupación los atentados ocurridos, solicitaron a las Fuerzas Armadas que puedan involucrarse en la represión del aparato terrorista interno.

Al respecto,  el comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, dijo estar disponible para otorgar protección en las zonas de atentados terroristas en caso de declararse estado de excepción constitucional.

Sin embargo, el General Oviedo aclaró que la decisión no depende de ellos, sino que de la autoridad política y precisó que como parte de las Fuerzas Armadas están preparados para enfrentar cualquier tipo de crisis.

***

Profesor de Teoría Política en la Universidad Humboldt, Berlín, Alemania. Herfried Münkler

Quizá algún auditor pueda pensar que exageramos cuando hablamos de “guerra interna” al referirnos a esta situación que se vive en la Araucanía y alrededores, sin embargo, estudiosos de las características de la guerra en el siglo XXI muestran precisamente que la guerra está cambiando de carácter y de forma de presentarse en el mundo actual.

Así, hasta el siglo XX, las guerras eran fundamentalmente de Estado contra Estado, sin embargo cada vez más ella va evolucionando de grupos contra el Estado o contra otros grupos.

Es lo que afirma, el Profesor de Teoría Política en la Universidad Humboldt, Berlín, Alemania. Herfried Münkler, quien ha publicado un libro sobre las nuevas guerras: Die neuen Kriege , Rowohlt , Reinbek bei Hamburg, 2002.

En su documentado libro, el autor demuestra que:

“La mayor parte (de las nuevas guerras) no las libran ejércitos bien equipados, sino milicias reclutadas a toda prisa por jefes de tribus o de clanes, además de los seguidores armados de los jefes militares y otros. En estas guerras se usan ante todo armas baratas: armas portátiles, fusiles automáticos, minas antipersonal y ametralladoras montadas en camionetas. (…)

(Estas Guerras) se prolongan interminablemente mediante actos de violencia contra la población civil. (…), los estrategas de las nuevas guerras han logrado abaratar tanto las operaciones militares, que han convertido de nuevo la guerra en un negocio prometedor”.

Lógicamente que el académico alemán no estaba analizando el caso particular de Chile, sino el fenómeno de las nuevas características de las guerras en el mundo. Sus análisis, sin embargo, nos dan luces para entender lo que sucede en la Araucanía.

Naturalmente nuestros auditores querrán saber qué propone este estudioso como forma de enfrentar a este nuevo tipo de guerras, a bajo costo.

La respuesta que da es simple:

“Probablemente, el retorno a la estabilidad de los Estados a escala mundial sea el único medio efectivo de frenar la privatización de la guerra”.

La única solución por lo tanto, de acuerdo a sus conclusiones, es que las autoridades públicas deben garantizar la permanencia del estado de derecho.

Es fácil de decir, pero no es nada fácil de hacer, sobre todo cuando –al menos en nuestro territorio- dichas autoridades se muestran omisas en cumplir su labor y mantener justamente el estado de derecho.

Volveremos sobre el tema, pues éste afecta la seguridad y muchas veces la fuente de trabajo de incontables familias chilenas que se han visto del día a la mañana sin ingresos, sin su iglesia para rezar, e incluso, sin su casa donde vivir tranquilo.