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El año 1998 el Congreso Nacional eliminó las diferencias legales entre los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio. De acuerdo a lo alegado en la ocasión, se quería evitar que los hijos no matrimoniales sufrieran una discriminación en relación a los tenidos dentro del matrimonio.

Pocos parlamentarios percibieron entonces lo que era evidente. Queriendo evitar el perjuicio a los hijos extramatrimoniales, se terminaba perjudicando objetivamente a la institución del matrimonio.

Y la razón es sencilla. Si la principal misión del matrimonio es la de traer los hijos y educarlos, la ley no puede considerar por igual el hecho de tenerlos fuera o dentro del matrimonio, pues, querría decir que, para los efectos legales, esta institución poco o nada representa.

Ahora, como el matrimonio es la institución en la que se funda la familia, debilitar el matrimonio, provoca inmediatamente el debilitamiento de la familia, y con ello el perjuicio a toda la sociedad.

Todo esto fue recordado en la ocasión por varias instituciones pro familia, entre las cuales Acción Familia.

Sin embargo, la presión de la moda antidiscriminatoria pesó más en la balanza que los argumentos racionales, y la ley fue aprobada por la casi unanimidad del Congreso.

Transcurridos 16 años de su promulgación los resultados de ella comienzan a sentirse de modo claramente negativo.

En efecto, esta semana el diario “La Tercera” informó que Chile había llegado al 70% de hijos nacidos fuera del matrimonio.

Precisamente lo que temíamos. Al querer solucionar un tema menor, una supuesta discriminación injusta, se terminó perjudicando la principal institución de la sociedad que es la familia.

Aclaremos primero que el hecho de considerar de diferente modo los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, no constituye una discriminación arbitraria. Pues ella lo sería sólo si no existiese razón justificada para hacer la distinción.

En este caso, la razón de distinguir es obvia. Si la familia se funda en el matrimonio y el matrimonio tiene por finalidad primaria tener hijos, el Estado debe favorecer la protección especial de su función y lamentar que hayan sido tenidos fuera del matrimonio. Igualar los frutos de la convivencia con los frutos del matrimonio es igualar la institución matrimonial con las meras convivencias.

Tal equiparación constituye una injusticia contra el matrimonio, pues los jóvenes que lo contraen se obligan a una serie de compromisos que favorecen al bien común de la sociedad. Es lógico entonces que el Estado premie ese compromiso.

Por su parte las uniones libres o convivencias no se obligan a nada delante de la sociedad, sino exclusivamente se fundan en un bien particular fundado en la mutua atracción de los convivientes. Cesada esa atracción, cesará la convivencia, con los perjuicios para los hijos habidos mientras vivieron juntos y la consecuente empobrecimiento de la mujer.

Todo eso representa un lastre para el conjunto de la sociedad, pues no sólo la afecta desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral, una vez que los hijos se resentirán de la falta de uno de sus progenitores.

Si el divorcio genera un círculo vicioso para la familia, al desintegrar lo que es por naturaleza indisoluble, las uniones de hecho ya comienzan de forma viciosa, pues ellas no se comprometen a nada ante la sociedad ni la ley.

Pasemos a revisar las cifras. Ellas nos indican de modo empírico lo que estamos diciendo.

Desde 1960 a 1990, es decir en un período de 30 años, en que no había divorcio y en que los hijos matrimoniales eran protegidos por la ley, los hijos de padres no casados sólo aumentaron en un 18%.

Posteriormente, en el período 2000 a 2014, es decir en la mitad del tiempo, esa variación pasó del 48,3% de hijos habidos fuera del matrimonio al 70%. Es decir, aumentó más en la mitad de tiempo.

La magnitud del cambio en Chile es superior a la de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la cifra alcanza el 41%, en Brasil al 66%, en Bolivia al 55% y en España al 36% según establece el World Family Map 2014.

Comentando el hecho, la socióloga de la U. Diego Portales, Alejandra Ramm, dice que se trata de un alza acelerada por la Ley de Filiación de 1998, que terminó con la figura del hijo ilegítimo. “No fue lo que gatilló el crecimiento, pero una vez que salió, lo fomentó.”, resalta.

Por su parte, Viviana Salinas, del Instituto de Sociología de la U. Católica, señala: “Hemos llegado a cifras realmente impresionantes, muy pocos países en el mundo tienen esa cifra”.

Agrega Viviana Salinas, que “hoy la prioridad está en las aspiraciones de autonomía personal, en la búsqueda de relaciones de género más igualitarias y rechaza la influencia de las institucionales, tanto religiosas como estatales, en la vida privada”.

Las consecuencias, obviamente la pagan los hijos, ellos no tendrán, en su gran mayoría, el derecho de haber nacido dentro de una familia matrimonial, que les garantice un crecimiento normal, acompañado y protegido por el padre y por su madre.

En 1998, cuando aún se discutía el Proyecto de Filiación, el entonces Obispo de San Bernardo, Monseñor Fuenzalida hizo llegar una carta a los senadores, que vale la pena recordar.

Decía el Obispo en esa ocasión: “Hoy una inmensa mayoría de los chilenos queremos y buscamos que los hijos nazcan dentro del matrimonio. Sabemos que ello les da plena posibilidad de desarrollo humano y social. Pero cuando pasen los años y vaya arraigándose la idea de que no es el matrimonio el único y privilegiado lugar para traer los hijos al mundo, los chilenos llegaremos a la conclusión de que ética y moralmente es irrelevante que los hijos nazcan dentro o fuera del vínculo matrimonial y habremos provocado una grieta de proporciones en el fundamento mismo de nuestra sociedad civil (…)”

Sus palabras resultaron previsoras.

Por el bien de las futuras generaciones, por el bien moral de nuestra sociedad, por el bien de Chile, por la Gloria de Dios, urge enmendar el rumbo.

Muchas gracias por su audición, puede hacernos llegar sus comentarios a www.accionfamilia.org.

Hasta la próxima semana en esta misma su emisora regional.