El informativo electrónico Noticias Globales, de Buenos Aires, fue el primero que dio la alarma, avisando a sus lectores que, entre el 26 y el 28 de julio pp., se celebraría en Brasilia la Conferencia Regional de las Américas, en la cual se presentaría un Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia.

Esta Convención podría ser un intento de imponer a toda América “bajo pretexto de no discriminación y de derechos humanos” el aborto, las uniones homosexuales y otras «conquistas sociales» anti-familia. El estudio de la propuesta vendría a revelar una gran radicalidad en los medios propuestos para alcanzar esos nefastos fines.

En efecto, con el pretexto de reprimir el racismo y las discriminaciones injustas, se incluye entre estas últimas la supuesta discriminación por «orientación sexual», con lo cual las prácticas contra natura pasarían a tener, por fuerza de dicha Convención, la misma aceptación que las relaciones normales.

Como consecuencia, los Estados Americanos se verían obligados a reconocer jurídicamente la legitimidad de las conductas homosexuales y un supuesto derecho al “matrimonio” homosexual. Por otra parte, el Anteproyecto “refiriéndose a la oposición a esas conductas” establece que los Estados firmantes deben adoptar «políticas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar tales prácticas».[1]

Como se puede constatar en la lectura de diversos artículos del Anteproyecto, éste establece el derecho de contraer matrimonio con quien se desee, sin aclarar -como lo establecen las leyes vigentes de muchos países- que los contrayentes deban ser de sexo diferente.

Esta Convención dará ciudadanía a las conductas homosexuales, la doctrina de género y los llamados “derechos sexuales y reproductivos” y, al mismo tiempo, sancionará «la difusión de ideas» que se opongan a tales conductas, por considerarlas discriminatorias.

Para asegurar la eficacia demoledora de esta tenaza, el Anteproyecto establece un mecanismo de denuncias que puede activarse por la mera sospecha de “ánimo discriminatorio”.

Así, afirmar que el matrimonio es la unión para toda la vida entre un hombre y una mujer, o sostener la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica que la homosexualidad es un desorden objetivo, podrán ser duramente sancionadas como “delito de odio”. [2]

Los grupos de presión homosexuales escogieron la Organización de Estados Americanos (OEA) para promover estas medidas porque la Santa Sede y los Estados Unidos tienen menos influencia dentro de ella, que en los organismos de derechos humanos de la ONU.

De hecho, los Estados Unidos manifestó su desacuerdo con la idea de firmar una convención regional relativa a esta materia ya que existe “un régimen de tratados internacionales sólido, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de la cual 170 países son Estados Partes. Así, un mecanismo regional no es necesario y corre el riesgo de crear incongruencias con este régimen mundial“[3].

En análogo sentido se pronunció la Procuraduría de Costa Rica en carta dirigida al Ministro del Interior de esa Nación: «En primer término, de la relación de los artículos 2, incisos ix) y 4, inciso xviii), se infiere que la Convención estaría reconociendo y protegiendo como un derecho humano a favor de las personas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio y a elegir el cónyuge».[4]

Sin embargo, a pesar de la oposición norteamericana y de las reservas de Costa Rica, el Anteproyecto fue aprobado en la reunión de Brasilia, dándose como plazo a los gobiernos el pasado 27 de Octubre para hacer sugerencias.

Los medios de comunicación chilenos, que se apresuran a divulgar una infinidad de hechos sin importancia, no hicieron mención digna de nota de la reunión en Brasilia, ni del Anteproyecto de Convención, ni tampoco del plazo para presentar enmiendas.

Al silencio de los medios se sumó el silencio del Gobierno. Este hermetismo impidió que el público chileno tomara conocimiento de este grave asunto. Por este motivo la opinión formulada por el Gobierno con relación al Anteproyecto, carece totalmente de representatividad.

Este ya habitual «secretismo» gubernamental, tampoco impidió que se divulgaran las sugerencias presentadas por la Misión Permanente de Chile ante la OEA. Sin embargo, tenemos razones para sospechar que ellas fueron favorables a la inclusión de la “orientación sexual”, como merecedora de una protección contra la discriminación y del supuesto “derecho al matrimonio” para los homosexuales.

En efecto, la nota enviada por dicha Misión, el pasado 10 de Enero, a la Presidencia del Grupo de Trabajo encargado de redactar la primera versión del Anteproyecto de Convención, sugiere un “mecanismo de cumplimiento” de la futura Convención, que otorgue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplios poderes para sancionar a los Estados considerados remisos. Esto equivale a establecer una especie de «inquisición laica» contra lo que desagrade al activismo homosexual o a los promotores de la “liberación” sexual. [5]

Así, en caso de aprobarse esta normativa, ni el Parlamento de Chile, ni el Poder Judicial, serán en definitiva los que legislen o juzguen estas materias. La pauta para hacerlo será dada por esta Convención, fraguada a espaldas de la opinión pública y de la institucionalidad vigente.

Sería muy grave que este Gobierno, sin el conocimiento del país, firme una Convención que le afectará gravemente, comprometerá su soberanía y otorgará el reconocimiento a los mal llamados «matrimonios homosexuales». A lo que se suma poder imponer el aborto y otros «derechos sexuales» y establecer los mecanismos de persecución internacional contra los que divulguen la doctrina católica a respecto de tales conductas.

Las autoridades religiosas, los Parlamentarios y todos los católicos debemos movilizarnos para evitar que el Gobierno de la Concertación haga realidad las reivindicaciones injustas y antinaturales que los lobbies homosexual y abortista pretenden imponer a toda la sociedad chilena.

 Si este Anteproyecto se aprueba por desidia de quienes deben oponerse a él, se estará sumando a los escándalos de corrupción algo mucho peor: el colocar en la condición de perseguidos a los fieles católicos, y en la condición de protegidos a los que se entregaron al vicio antinatural.
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