Diez Estados europeos intervienen en apoyo al Estado italiano que trata de anular la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del mes de noviembre pasado que prohíbe los crucifijos en las aulas de clase. Los Estado son Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, San Marino, Rumanía, y la Federación Rusa.

Al mismo tiempo, doce organizaciones no gubernamentales (ONG’S) han sido admitidas por el Tribunal como «tercera parte». Ningún Estado u ONG ha intervenido en apoyo de esa sentencia.

Estos diez Estados, que forman parte de las 47 naciones del Consejo de Europa, han pedido formalmente al Tribunal presentarse oficialmente como «tercera parte» cuando el caso se presente ante la Cámara. La condición de «tercera parte» permite a los Estados convertirse oficialmente en parte de un caso y presentar al Tribunal sus observaciones escritas y orales.

Además de esos diez Estados miembros, otros Estados se han pronunciado contra la sentencia del 3 de noviembre de 2009, como es el caso de Austria o Polonia, que emitieron pronunciamientos políticos el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2009 respectivamente.

En esta primera decisión, el tribunal dictaminó que la presencia del crucifijo en las aulas es «contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos en la línea de sus propias convicciones y al derecho de los niños a la libertad religiosa«, porque los alumnos italianos se sentirían «educados en un entorno escolar marcado por una determinada religión«.

El caso Lautsi, o «caso del Crucifijo» fue remitido a la Gran Cámara del tribunal después de que el Gobierno italiano apelara, el pasado 28 de enero, contra la sentencia emitida por la Sección Segunda del Tribunal el 3 de noviembre de 2009. Al conceder el pasado 2 de marzo la remisión ante la Gran Cámara de la decisión de noviembre, el tribunal ha reconocido que la decisión de noviembre plantea graves problemas legales y debe ser reconsiderada por la formación del tribunal.

Esta decisión ha sido duramente criticada por expertos políticos y juristas de varios Estados europeos como una imposición del «laicismo». En concreto, se ha reafirmado que la Convención Europea de Derechos Humanos nunca ha requerido que el Estado deba «observar la neutralidad confesional en el contexto de la educación pública» o de cualquier otro sector público.

El pasado 29 de abril, el Gobierno italiano presentó su memorando al Tribunal explicando que los jueces de Estrasburgo no tienen competencias para imponer el laicismo a un país, en particular a Italia, nación caracterizada por su mayoritaria práctica religiosa e identidad católica.

La decisión del tribunal, tras la audiencia pública de la Gran Sala que se celebrará el 30 de junio, será publicada a finales de año.

Fuente: Agencia Zenit, 01/06/2010 (Extractos)