Si llegara a ser aprobada la ley de uniones de hecho promovida por el Sr. Piñera, tendremos por lo menos el consuelo – precioso para los que aprecian la tranquilidad de conciencia – de no cargar con la menor complicidad en ese gran pecado colectivo. Por menor que sea la parte de responsabilidad nuestra en deliberaciones de tal monta, no querríamos tener sobre nosotros el pesar de haber cruzado los brazos delante de tal situación. Ya tratamos del asunto, y volvemos a hablar hoy de él.

Dejaremos de lado la gravísima cuestión moral de la legalización de las uniones homosexuales, que ya hemos combatido con numerosas iniciativas: campañas, libros, artículos, presentaciones en comisiones legislativas, etc.

Nos ceñiremos a la cuestión de las uniones de hecho heterosexuales.

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Los partidarios de esta ley no perciben que, pura y simplemente, se colocan entre los más irreductibles adversarios de la institución familiar, con el argumento que desarrollan. Y que, si fuera justo su punto de vista, no sólo el Estado debe realmente abstraer de la legitimidad del nacimiento, como ya se hace, sino que puede ir más lejos y extinguir la propia familia.

Raciocinemos.

¿Cuál es el fin de la familia? Su fin primario y esencial es la perpetuación del género humano, la conservación y la educación de la prole. Ahora bien, dice Santo Tomás, que las cosas son buenas en la medida en que realizan su fin. Si la familia es el único modo de asegurar de modo conveniente la perpetuación de la especie, ella se justifica. Pero si el género humano se puede perpetuar convenientemente sin la familia; si abolida completamente en una sociedad la familia, la humanidad continúa creciendo y multiplicándose tan bien o incluso mejor, es forzoso reconocer, que o bien la familia cumple mal su finalidad y debe desaparecer, o no es necesaria para su fin y puede desaparecer. En un caso o en otro, la familia deja de ser la base perpetua, necesaria, inviolable, de la sociedad humana, para quedar reducida a la categoría de cosa superflua o incluso contraproducente.

Si, por lo tanto, el Estado chileno reconoce que la familia es el fundamento de la sociedad, y que este fundamento sólo tiene la conveniente solidez mediante la indisolubilidad del vínculo conyugal, es evidente que ha de reputar un mal gravísimo que la institución familiar desaparezca. Porque las cosas que no tienen base están destinadas a la muerte. Y si la base de la sociedad chilena es la familia, eliminada ésta, estará eliminado el propio Chile.

Todo esto parece bien claro, bien sólido, absolutamente indiscutible.

Y ahora preguntamos: ¿de qué modo puede desaparecer la familia? ¿Sólo por decreto? No. Los juristas enseñan, que una ley se revoca por otra ley, o por el desuso.

La familia puede caer en desuso. El abandono gradual de la institución familiar, la equiparación práctica de la familia legítima y la de hecho y la multiplicación de los nacimientos extra–familiares, pueden acabar por tornarse regla general.

En el día en que esto se diere, la familia, base de la sociedad, habrá desaparecido, no por un decreto arrancado a viva fuerza por los comunistas o socialistas, sino por la erosión subrepticia, diaria, sorda, a que la habrán sometido las malas costumbres. No basta para mantener la familia una buena legislación. No es sólo de buenas leyes, sino de buenas costumbres que vive la familia. Si el Estado quiere salvar a la familia de la ruina, y con esto salvarse a sí mismo, debe combatir con sumo cuidado las malas costumbres.

Ahora bien, ¿en qué consiste la mala costumbre en materia como ésta? Precisamente en realizar fuera del matrimonio, fuera de la familia, aquella función que sólo dentro de la familia, por medio del matrimonio, puede ser realizada. Perpetuar la especie fuera de la familia es, al pie de la letra, conspirar contra la sociedad y el Estado.

En suma, o la familia puede y quizá debe ser extinguida por el Estado, o el Estado debe combatir los nacimientos ilegítimos.

¿Qué hace el Estado chileno? Afirma por un lado que la familia no puede ni debe ser extinguida– incluso afirma que debe ser protegida– y, por otro, proporciona un status legal a las uniones de hecho…

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Y vamos ahora a la natalidad, tan disminuida en nuestro país.

Si la familia es la única institución que asegura a la natalidad todas las condiciones de progreso necesarias, es claro que el Estado debe combatir severamente la natalidad extra-familiar. ¿Por qué? Porque la natalidad extra-familiar debilita la familia, y debilitando la familia destruye las condiciones necesarias para que tengamos un prole vigorosa, numerosa y sana.

O esto es verdad, o la familia no es necesaria para la natalidad y puede ser suprimida.

De donde se sigue, que afirmar por un lado la necesidad de la familia, y por otro legalizar las uniones libres, es pura y simplemente precipitarse en el abismo de la contradicción más chocante.