Polémica sobre Acuerdos con Unión Europea
Acción Familia denunció los acuerdos firmados por la Ministra de RR. EE. con la Unión Europea, porque éstos pretenden imponer a nuestro país el aborto y otras medidas que constan en la «cláusula democrática».
La denuncia fue enviada a los parlamentarios de todos los partidos y tuvo repercusiones en la prensa.
Los acuerdos no han sido aún ratificados por el Congreso chileno.
Carta de Acción Familia a los Parlamentarios
Santiago, 2 de mayo del 2002
Tengo a bien dirigirme a Ud. en representación de «Acción Familia», entidad que agrupa a chilenos preocupados con el futuro de la institución cristiana de la Familia, a fin de comunicarle nuestras aprensiones por las consecuencias que para esta institución puede traer el Acuerdo de Asociación con la Comunidad Europea.
Como es de su entero conocimiento el referido Acuerdo ha sido recientemente firmado por el Gobierno Nacional y deberá ser ratificado por el Parlamento en el próximo mes de Agosto. Los beneficios comerciales que pueda traer el Acuerdo no son motivo de estas consideraciones, sino algunos aspectos que conciernen a la institución de la Familia y que no han sido suficientemente destacados.
Al respecto, el Sr. Rodrigo Vega Alarcón, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para las negociaciones con la UE, ha declarado recientemente a la prensa que: «el Acuerdo de Asociación comienza por el ámbito político y sus primeros títulos están destinados al reconocimiento de los valores y principios compartidos respecto de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho, como fundamentos de sus asociación, todo lo cual ha sido llamado la «cláusula democrática”: en otras palabras, el no cumplimiento de estos principios, su violación o conculcación implicará la interrupción del tratado». El asesor del Ministerio de RREE, concluye que, «nuestro país debe hacer aún muchos esfuerzos para alinearse con los estándares europeos en materia de representatividad democrática (…) Hoy más que nunca requerimos enfrentar las reformas a nuestra Carta Fundamental a fin de ser verdaderos socios con los europeos»(cfr. «El Mercurio, 30 de abril del 2002).
Estas afirmaciones preocupan a quienes velan por la estabilidad de la institución familiar, pues de ser así, significa que la euforia general por el acuerdo alcanzado, está ignorando un precio que no ha sido debidamente ponderado, y que ciertamente la mayoría de los chilenos no quiere pagar.
En efecto, el Parlamento Europeo acaba de aprobar, el pasado 14 de marzo, el Informe «Mujeres y Fundamentalismos», en el cual se condena a la Iglesia católica como «fundamentalista», por condenar el aborto. Según el Informe, la limitación a los derechos de la mujer constituye una, «permanente obsesión de los fundamentalismos religiosos por el control del cuerpo de las mujeres» (Síntesis de la propuesta de resolución, 2.8). Y en consecuencia «Condena cualquier control sobre la fertilidad de las mujeres, en nombre de la religión, (….); considera que las mujeres tienen el derecho de escoger si y/o cuando tienen hijos y cuantos; todas las mujeres, independientemente de la edad, tienen el derecho a la información y al acceso a los servicios relacionados con la procreación». (Conclusiones, 5).O sea aborto libre y en el caso de las menores de edad, sin necesidad del conocimiento de los padres.
La Resolución del Parlamento Europeo establece que estas directrices serán condiciones obligatorias para todas las naciones con las cuales la Comunidad tiene relaciones comerciales, «Solicita al Consejo que de atención a los regímenes de países terceros con los cuales establece acuerdos económicos y comerciales, -como es el caso de Chile- en el sentido de que los mismos no intervengan en la vida de los ciudadanos, en particular de las mujeres (…)»(Conclusiones 12).
Es decir, de ser aprobado el acuerdo comercial con la Unión Europea, tal como advierte el funcionario del Ministerio de RREE, el Gobierno chileno podrá exigir la aprobación del aborto y de las otras «conquistas democráticas» europeas, so pena de perder los beneficios comerciales.
Es indispensable que estos aspectos políticos del Acuerdo sean debidamente aquilatados y que las cláusulas que puedan afectar la integridad de los derechos garantizados por nuestro actual ordenamiento jurídico, como es el derecho a la vida desde la concepción, sean categóricamente rechazadas.
De este modos se podrán establecer al Acuerdo, sin perjuicio de las ventajas comerciales, las reservas que garanticen la permanencia de la inspiración cristiana de nuestra Carta Fundamental y los derechos de la soberanía nacional.
De lo contrario, el precio de los beneficios comerciales de hoy será mañana la vida de inocentes. A esto nuestra conciencia de católicos y de chilenos se opone.
