En su día, el Romano Pontífice fue muy claro al señalar la grave responsabilidad que les cabe a los políticos y a todos cuantos, de una u otra, favorecen leyes abortistas:
«La responsabilidad implica también a los legisladores que han promovido y aprobado leyes que amparan el aborto, y en la medida en que haya dependido de ellos, a los administradores de las estructuras sanitarias utilizadas para practicar abortos.
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«Una responsabilidad general, no menos grave afecta tanto a los que han favorecido la difusión de una mentalidad de permisivismo sexual y de menosprecio por la maternidad, como a quienes debieron haber asegurado –y no lo han hecho- políticas familiares y sociales válidas en apoyo de las familias, especialmente de las numerosas o con particulares dificultades económicas y educativas.
«Finalmente, no se puede minimizar el tramado de complicidades que llega a abarcar incluso a instituciones internacionales, fundaciones y asociaciones que luchan sistemáticamente por la legalización y la difusión del aborto en el mundo.»
Juan Pablo II, Encíclica «Evangelium Vitae», nº 59.
