El Cedaw incluye, entre «los derechos humanos de la mujer» y «sus libertades fundamentales», el aborto y los así llamados «derechos sexuales y reproductivos»

Aprobación del Protocolo Facultativo del Cedaw

Mientras se discutía en los Tribunales de Justicia los efectos abortivos de la llamada «píldora del día siguiente», la Cámara de Diputados aprobó un Pacto Internacional que permitirá ejercer una presión a favor de la legalización del aborto en Chile.

En sesión ordinaria del pasado 14 de agosto, fue despachado al Senado, con 42 votos afirmativos y 20 votos en contra, la ratificación del llamado: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por la sigla en inglés, Cedaw. Bajo este largo y pomposo nombre, se esconde la amenaza de una futura persecución contra el derecho a la vida del que está por nacer.

En efecto, el preámbulo del Protocolo Facultativo establece que este instrumento tiene como objetivo: «asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y [de] todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades».

Los diputados que aprobaron el Protocolo Facultativo, no ignoran que esta Convención para la no discriminación de la mujer considera la penalización del aborto como una discriminación de «los derechos humanos de la mujer» y «sus libertades fundamentales».

Como fue oportunamente recordado durante los debates parlamentarios, el Estado de Chile ya fue censurado en 1999, por este Comité del Cedaw, porque su legislación penaliza el aborto: «…el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones al informe presentado por el Gobierno chileno en marzo de 1999, estableció que la penalización del aborto plantea problemas serios al poner en peligro la vida de las mujeres (sic)… y se recomendó al gobierno chileno a
adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo”, mediante la revisión (eliminación) de la legislación en torno al aborto» (cfr. «Los Derechos de la mujer en Chile, un Reportaje Sombra», mayo 1999. La Morada, Foro Abierto de salud y derechos sexuales y reproductivos y otros. Destaque nuestro).

La ministra del Sernam, Adriana Delpiano, al defender la aprobación del Protocolo en la Cámara, argumentó que esa condenación a Chile fue una «extralimitación» del Comité del Cedaw, y agregó que, «el Protocolo Facultativo responde al principio de un debido proceso, en la medida que contempla la obligación de escuchar al Estado afectado…» (cfr. sesiones 111 de 3 de abril de 2001 / 120 de 19 de junio de 2001). Es decir, en el mismo momento que la Ministra promueve la aprobación del Protocolo, afirma tácitamente que Chile sufrirá un «debido proceso» por no tener el aborto legalizado.

A pesar de las «garantías» dadas por la Ministra del Sernam, los diputados que aprobaron este Protocolo, no deberían desconocer que conforme a lo que declaran sus propios promotores, entre los recursos del Protocolo, se cuenta principalmente, «la revocación de legislación».

En efecto, según informa un documentado estudio del Instituto de Derechos Humanos, de Costa Rica, «Las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos regularmente incluyen la obligación del Estado Parte de adoptar medidas para evitar violaciones similares en el futuro». (cfr. «Protocolo Facultativo para la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer», Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, mayo 2000, págs. 65 y 66).

Según el referido estudio, si bien las resoluciones del Comité no son vinculantes, ellas «constituyen un instrumento para promover cambios en la legislación y la práctica nacionales, y para ofrecer a las víctimas la posibilidad de reparación» (op. cit. págs. 69 y 70).

El carácter fiscalizador del Comité llega al extremo de incluir entre sus facultades la de investigar denuncias de hechos ocurridos fuera del territorio nacional: «No es necesario que la violación alegada en una petición haya ocurrido dentro del territorio del Estado Parte, pero siempre bajo su jurisdicción» (op. cit. Artículo 2 del Protocolo Facultativo, San José de Costa Rica, mayo 2000).

El Comité también podrá pronunciarse sobre hechos ocurridos antes de la firma del Protocolo, «cuando estos hechos continúen produciéndose después de esa fecha (de incorporación). (Artículo 4, e).

Es decir, la acción del Comité no tendrá limitación ni de tiempo ni de espacio.

El tendrá un poder omnímodo para perseguir al Estado Parte, transformándolo en una especie de criminal internacional…

Frente a esta ferocidad persecutoria, las «garantías» que ofrece el actual Gobierno de no presentar un proyecto de aborto, son enteramente vacías de contenido. En este sentido es de destacar que, según declaró el senador Bombal, «la Cancillería nunca se opuso a dicho documento donde se condena a Chile por no contar con legislación proabortiva», (cfr. «El Mercurio», 23 marzo, 2000, «Rechazo a Protocolo ONU sobre Aborto»).

En la práctica, al aprobar el Protocolo Facultativo, los parlamentarios, entre los cuales varios que se dicen cristianos, han puesto una soga al cuello al derecho a la vida de los que están por nacer.

En virtud de esta aprobación se constituirá un cerco internacional que, sumado a una poderosa quintacolumna nacional, terminará exigiendo la legalización del aborto.

La imprevidencia de los legisladores de hoy llevará a Chile a sumarse a la larga lista de naciones con legislaciones criminales, que no vacilan en sacrificar la vida de los inocentes al ídolo del consenso universal.

El Senado tiene ahora la palabra.

Como este mes de diciembre se realizan elecciones parlamentarias, publicamos en esta página la lista de los diputados que el pasado 14 de mayo votaron a favor y en contra de la aprobación del Protocolo Facultativo del Cedaw.

Votaron a favor
Avila Nelson, (PPD) Elgueta, Sergio, (PDC) Hales, Patricio, (PPD) Jocelyn H. Tomás,(PDC) Letelier, Felipe, (PPD) Lukzic, Zarko, (PDC) Muñoz, Adriana, (PPD) Ojeda, Sergio, (PDC) Palma, Andrés, (PDC) Reyes, Víctor, (PDC) Saa, María A., (PPD) Soria, Jorge, (PPD) Velasco, Sergio, (PDC) Aguiló, Sergio, (PS) Bustos, Juan, (PS) Encina, Francisco, (PS) Hernández, Miguel, (PDC) Leal, Antonio, (PPD) Longton Arturo, (RN) Montes, Carlos, (PS) Muñoz, Pedro, (PS) Olivares, Carlos, (PDC) Pérez, José , (PR) Rincón, Ricardo, (PDC) Sánchez, Leopoldo, (PPD) Soto, Laura, (PPD) Villouta, Edmundo, (PDC) Allende, Isabel, (PS) Ceroni, Guillermo, (PPD) Gutiérrez, Homero, (PDC) Jarpa, Carlos Abel, (PR) Letelier, Juan Pablo, (PS)
Lorenzini, Pablo, (PDC) Mulet, Jaime, (PDC) Núñez, Juan, (PDC) Ortíz, José Miguel, (PDC) Pollarolo, Fanny, (PS) Riveros, Edgardo, (PDC) Silva, Exequiel, (PDC) Tuma, Eugenio, (PPD) Walker, Ignacio, (PDC)

Votaron en contra
Alessandri,Gustavo,(RN) Caminondo, Carlos,(RN) Correa, Sergio, (UDI) Dittborn, Julio, (UDI) Galilea, Pablo, (RN) Martínez, Rosauro, (RN) Monge, Luis, (RN) Alvarez Salamanca,P. (RN) Cardemil, Alberto, (RN) Cristi, María A., (RN) Errázuriz, Maximiano (RN) García, José, (RN) Masferrer, Juan, (UDI) Vargas, Alfonso, (RN) Bertolino, Mario, (RN) Coloma, Juan A., (UDI) Delmastro, Roberto, -Fossa, Haroldo – Kuschel, Carlos, (RN) Melero, Patricio, (UDI)

Informativo de Acción Familia n° 10 – Octubre de 2001