No se llega a entender la ventaja que aporta a Chile la firma de ciertos acuerdos jurídicos internacionales.

¿Se estima que los legisladores chilenos son incapaces de elaborar las leyes del País o que los tribunales nacionales deben recibir órdenes de jueces foráneos para hacer justicia?

¿Cómo se explican, en la lógica de la democracia, esos acuerdos que, con mucha frecuencia, son firmados con un virtual desconocimiento por parte de la opinión pública y sin una discusión en profundidad?

Las sentencias de la Corte Interamericana que condenan al Estado de Chile por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos muestran el camino que estamos siguiendo.

La Presidenta Bachelet ha anunciado que los fallos se cumplirán. Sin embargo, los propios ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago divergen sobre el alcance de dichos veredictos.

En otras palabras, se firmó un acuerdo, restringiendo gravemente la soberanía nacional, sin preguntarse ni preocuparse sobre qué alcance tendría para el ordenamiento jurídico chileno.

Por otra parte, ese tribunal salta olímpicamente sobre la cláusula que le confiere competencia a partir del 11 de Marzo de 1990 al juzgar hechos ocurridos en 1973 y al sostener que el Decreto Ley Nº 2.191 de 1978 (de amnistía) es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y que, por tanto, en principio, carece de efectos jurídicos.

Botón de muestra

Este es un botón de muestra de lo que podrá ocurrir si Chile acepta el Tribunal Penal Internacional o el Protocolo Facultativo del CEDAW, ambos en primera línea del programa Bachelet: sufrir una presión político-publicitaria-judicial de ámbito supra-nacional que podrá obligar a Chile a aceptar imposiciones que sirvan a los designios de la izquierda internacional.

En el caso del CEDAW, se trata nada menos que de obligar a Chile a aceptar el aborto y de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”, en nombre de los supuestos derechos humanos.

En el caso del Tribunal Penal Internacional, la Presidenta Bachelet ha utilizado un argumento singular para justificar su adhesión: Chile lo firmará para mostrar a Estados Unidos que somos un país soberano y que no aceptamos sus presiones.

Llegamos así al absurdo de que, para demostrar que somos soberanos, hipotecamos nuestra soberanía a un tribunal de anónimos, que “todo indica” se arrogará facultades que los acuerdos no le dan.

O sea, estamos a punto de firmar acuerdos internacionales que impondrán al País lo que éste no ha aceptado a través de los canales legislativos nacionales.

De este modo, alguien está queriendo “sacar las castañas con la mano del gato”.