No se trata de imponer a los no católicos principios morales y religiosos enseñados por la Iglesia. Simplemente, es un principio de derecho natural -no matar- que obviamente integra la doctrina católica.

Cuantas veces habremos escuchado preguntar: ¿Por qué se han de imponer a una mujer que no es católica los principios morales y religiosos enseñados por la Iglesia? ¿Acaso no tiene derecho a elegir lo que cree ser mejor para ella en un tema absolutamente privado?

Desgraciadamente a veces las personas no tienen a mano los argumentos que podrían ayudarles en esta verdadera guerra de sofismas.

No se trata de imponer a los no católicos principios morales y religiosos enseñados por la Iglesia. Simplemente, es un principio de derecho natural -no matar- que obviamente integra la doctrina católica. ¿O acaso se pretende invocar la libertad de opinión como pretexto para atentar contra los derechos de los demás, muy especialmente contra el derecho a la vida (1)

Además, el argumento parte de una premisa errónea: una decisión es privada e íntima en la medida en que se refiere tan sólo a los intereses de quien la adopta.

Sin embargo, cuando esa decisión implica intereses de otros y derechos de terceros, ya no puede ser considerada privada, al contrario, pasa a ser representativa o delegada.

Ahora bien, nadie puede delegar a otro el derecho a decidir sobre la propia vida, porque la vida no es un bien delegable, sino vivido.

Los legítimos derechos de una mujer sobre su propio cuerpo terminan donde – en el caso del no nacido- comienzan los derechos del otro.

Nadie, alegando privacidad, puede traspasar esos límites y lesionar derechos de terceros. Eso sería extender los límites de la privacidad a costa de tales derechos.

Así como sería absurdo aprobar el abuso de los niños por los padres, aduciendo que se trata de materia privada, es absurdo decir que una mujer puede decidir con su médico si su hijo debe vivir o morir.

Destruir un ser humano vivo en nombre del “derecho a la privacidad”, es destruir el fundamento de la razón de ser de la privacidad.

Esto no es ejercitar el “derecho a la privacidad”, sino ¡un hecho grosero y consumado de absolutismo privado!

Por lo tanto, el gobierno debe intervenir para proteger el derecho a la vida del feto amenazado por la decisión unilateral de una de las partes: su madre.

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* [1] Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, “El aborto provocado- Textos de la Declaración y documentos de diversos episcopados”, prólogo de Mons. Juan A. Reig, obispo de Segorbe-Castellón, España, Ediciones Palabra, Madrid, 2000, p. 32.