El plebiscito sobre una nueva Constitución en Chile presenta un vicio fundamental: se impuso en un clima de violencia, sin un análisis serio de los fallos que tiene la Constitución actual.

Si no se definen con exactitud los defectos de la actual Constitución, ¿qué remediará una nueva Constitución? ¿Se tratará de remediar defectos o de una transformación radical del País?

La imposición por la violencia y la precipitación no son buenas consejeras. Más aún cuando se trata de redactar una nueva la ley fundamental del País, que regula todos los derechos y deberes de las instituciones y de los individuos.

Queremos hacer un aporte pidiendo un debate nacional sereno y profundo sobre las reales necesidades del País y de los remedios adecuados para atenderlas. Sin esto, la democracia en Chile será solamente un rótulo vacío o tal vez un fraude.

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¿Qué se entiende por democracia?

La democracia es la forma de gobierno en la que la dirección del Estado recae en el pueblo. La premisa de la democratización política es la igualdad de todos ante la ley.

La situación ideal en democracia es aquella en la que la voluntad popular es unánime. Entonces se produce el llamado consenso. Pero en la práctica, tal situación rara vez ocurre. Y, cuando esto sucede, es por poco tiempo.

Así, en democracia, el poder de decisión se atribuye a la mayoría.

Hoy, la democracia suele ser indirecta, es decir, representativa.

Los ciudadanos eligen representantes que votan las leyes y dirigen el Estado de acuerdo con las intenciones del electorado.

La autenticidad del régimen democrático representativo [1] se basa completamente en el carácter genuino de la representación.

Esto es obvio. Porque, si la democracia es el gobierno del pueblo, solo será auténtica si los titulares del Poder Público (tanto el Ejecutivo, el Legislativo y, en su modo muy específico, también el Poder Judicial) son elegidos y actúan de acuerdo con los métodos, y en vista de los objetivos deseados por el electorado.

Si este no es el caso, el régimen democrático no es más que una apariencia vana, quizás un fraude.

La información y el debate, condiciones de autenticidad de la democracia

La condición más básica para que una elección sea representativa es que el votante tenga una opinión efectiva sobre los diversos temas en juego en el debate electoral. La opinión del votante sobre estos diversos temas constituye el criterio según el cual elige al candidato de su confianza.

En otras palabras, si cada votante no tiene una opinión formada sobre estos temas, el candidato elegido será libre de actuar únicamente de acuerdo con sus convicciones personales.

Sin embargo, en este caso, él no representa a nadie. Y toda una cámara compuesta por diputados sin representatividad está vacía de contenido, significado y atribuciones, en un régimen de democracia representativa.

Es decir, es inexistente e incapaz de actuar.

Instituciones que estudien y propongan soluciones

El ejercicio auténtico de la democracia presupone la existencia, en el País, de instituciones privadas y públicas preparadas para estudiar los problemas locales, regionales y nacionales, y proponer soluciones para ellos, así como para su difusión a gran escala, con el fin de suscitar a tal respeto controversias esclarecedoras.

Igualmente necesaria, para la formación de la opinión nacional, es la cooperación de los medios de comunicación, que, por su propia naturaleza, tienen una influencia peculiar en la misión de informar y formar a sus lectores u oyentes. Con este fin, deben reflejar las principales tendencias de opinión y, a través del diálogo y la polémica, mantener al público informado sobre la actuación y los objetivos de las diversas tendencias u opiniones.

Los shows electorales reemplazando el debate

La falta de seriedad en el clima preelectoral, simbolizado con un dramático poder de expresión por la presencia cada vez más marcada de espectáculos en manifestaciones políticas, demuestra que, en el actual Chile, el debate serio tiende a desaparecer rápidamente.

Si este debate no se realiza, no tiene sentido gritar, vociferar o aullar en favor de la democracia. En la actualidad, el factor principal de su precariedad no radica en sus oponentes, sino en sí misma, es decir, en el estado mental con el que tantos y tantos de los que la alaban y elogian la practican.

El político profesional

Considerando el problema desde el punto de vista no del proceso electoral, sino de los representantes, debe notarse que, en Chile, «político» a menudo se ha convertido en sinónimo de «político-profesional», especialmente cuando se trata de políticos que no tienen recursos personales suficientes para mantenerse sin el concurso de honorarios relacionados con el ejercicio de funciones en la vida pública.

Un político profesional es aquel que dedica a la actividad política una parte muy importante (cuando esto ocurre) de su tiempo y energías; que en el éxito de su carrera política pone lo mejor de sus esperanzas y ambiciones; y a quien resta, para otras actividades, una porción poco expresiva de su actuación en el ejercicio de alguna profesión rentable.

Por lo tanto, incluso fuera de los períodos preelectorales y electorales, que son tan absorbentes en sí mismos, el político profesional pasa su tiempo cultivando su electorado para poder ser elegido o ser reelegido.

Sobre todo, el político profesional está atento a la obtención de favores para sus encargados de campaña, de modo que, a su vez, le obtengan los votantes que necesita.

Una vez elegido, el ejercicio del mandato lo absorbe casi todo el tiempo. Y le queda poco para otras actividades. Más aún, tan pronto como sea elegido, debe comenzar a prepararse para su reelección. La situación normal del político profesional es la de un candidato permanente.

Con relación a tales políticos profesionales, la opinión pública se muestra, por diversas razones, bastante poco entusiasta. Y no hay exageración al decir que gran parte de los votos en blanco o nulos en las últimas elecciones se debieron a la verdadera saciedad que siente el público hacia los candidatos que generalmente están en la amplia lista de políticos profesionales.

Políticos no profesionales

Por otro lado, ¿qué sería un político no profesional?

¿Alguien que, financieramente independiente, solo hace política por amor al arte, por el gusto de la fama, o incluso por la celebridad con la que el macrocapitalismo publicitario recompensa a los políticos a su gusto?

¿O el hombre rico, y al mismo tiempo un luchador desinteresado, que fue impulsado a la acción política por un mero idealismo religioso o patriótico?

O, finalmente, ¿el hombre idealista que, aunque no es pagado, se arriesga para él y su familia en la aventura de sacrificar seriamente su profesión habitual, para dedicarse, con honestidad ejemplar, al servicio de su Patria?

Tal es la elevación de este último tipo de perfil moral que, por eso, el político no profesional es inevitablemente raro en nuestros días tristes y convulsivos.

Profesionales políticos

Habría un tercer género: el de aquellos a quienes, sin hacer un juego de palabras, se les podría designar como profesionales‒políticos.

Serían profesionales que, al distinguirse por la categoría y abundancia de su trabajo profesional, adquieren prestigio en su propia clase o entorno social.

Habiendo llegado a esta situación, es normal que muchos votantes piensen en ellos para el ejercicio de altas funciones públicas de carácter electivo.

Cuando alguien se destaca notablemente en cualquier sector de actividad, en la profesión respectiva, por ejemplo, adquiere una representación auténtica de ese sector.

Algo similar puede decirse de otras profesiones, como comerciantes, industriales, granjeros, maestros, personal militar, diplomáticos, así como funcionarios de las más diferentes actividades, ingenieros, abogados y técnicos de todo tipo.

Esta enumeración, meramente ilustrativa, de ninguna manera excluye, a su manera, a representantes de cualquier otro grupo social o profesional, desde los más altos en la escala social, hasta los más modestos.

Finalmente, personas notables de todas las ramas de actividad deben ser particularmente viables como candidatos para un mandato electivo, especialmente cuando tiene una misión constituyente.

A su vez, estos no aspiran naturalmente a ser diputados o senadores ad aeternum.

Misión de las grandes instituciones sociales

Es necesario resaltar el papel de una institución de gran importancia, incluso hoy, es decir, la Conferencia Nacional de Obispos de Chile (CECH).

Este organismo episcopal viene utilizando el enorme prestigio, de que disfrutaba antes de que estallara la crisis actual en la Santa Iglesia, y que, en cierta medida, aún conserva, para modelar a la opinión pública a su gusto, en relación con ciertos problemas socioeconómicos relevantes. Con esto ha relegado a un segundo plano una serie de temas de fundamental importancia religiosa y moral con respecto no solo al bien común espiritual, sino también al bien común temporal.

Esta inversión de valores es gravemente responsable de la disminución progresiva del prestigio de la CECH.

En segundo lugar, vale la pena hablar sobre los Medios de Comunicación, que han demostrado ser muy uniformes.

Unos Medios más ricamente diferenciados, desde un punto de vista ideológico, doctrinal y cultural, podrían servir como un medio de expresión y de consiguiente aglutinación de innumerables almas silenciosas. Y la vida pública chilena adquiriría así la amplitud y vitalidad que le faltan.

No es difícil admitir que toda esta vida, comprimida por el anonimato al que la relega el capitalismo publicitario, «se vengue», recogiendo dentro de sí las riquezas de pensamiento que a menudo posee.

De esto resulta en parte la monotonía de nuestra vida pública: «monotonía» en el sentido etimológico del término. La «mono-tono», sí, que infunde aburrimiento político en el público en general. Y produce la «a‒tonía» de una parte considerable del electorado.

Concluyendo. Un país que fuese movido mucho más por intuiciones que por un pensamiento político o por una escuela doctrinal seria, no podría llamarse un país‒de‒ideas. Si fuera democrático, constituiría una democracia sin ideas.

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«Projeto de Constituição angustia o País», Editora Vera Cruz, São Paulo, 1987. (Extractos adaptados)

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Acción Familia no va más allá de su posición extra partidaria al afirmar que, una vez que se establece una forma de gobierno, debe aplicarse de manera coherente.

Entonces, dado que estamos en un régimen democrático, se debe ser coherente. Lo que ciertamente lleva a la democracia con ideas. Y al rechazo de la democracia sin ideas.

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[1] Acción Familia no opta por una forma de gobierno determinada. Acepta las enseñanzas de León XIII, confirmadas por San Pío X, de que ninguna de las tres formas de gobierno (monarquía, aristocracia o democracia) es intrínsecamente injusta, «siempre que sepa cómo caminar directamente hacia su fin, es decir, el bien común, para el cual se constituye la autoridad social». (Léon XIII, Encíclica Au Milieu des Solicitudes, 16 -2-1892, Bonne Presse, París, vol. III, p. 116).

La tesis de que «¡solo la democracia inaugurará el reino de la justicia perfecta!», adoptada por el movimiento modernista Le Sillon, fue explícitamente condenada por el Papa San Pío X: «¿Esto no es una injuria para otras formas de gobierno que de esta manera, se reducen a la categoría de gobiernos impotentes, solo tolerables? «, exclama, en un apóstrofe ardiente, el inmortal pontífice (Carta apostólica Notre Charge Apostolique, 25 / 8-1910 – Colección de documentos pontificios, Voces, Petrópolis, 1953 , 2da ed., Vol. 53, p. 14. Ver también Leo XIII, Encíclica Diuturnum lllud, del 6/18 al 1881. Colección de documentos pontificios, Voces, Petrópolis, 1951, 3ra ed., Vol. 12, pp. 5-6).