La urgencia “suma” que el Gobierno del Presidente Piñera colocó para la tramitación del Proyecto de no discriminación, podrá quizá lograr su aprobación, pero ciertamente no conseguirá convencer a nadie de sus bondades.
Como se sabe, hace algunos meses, el Senado despachó favorablemente el Proyecto después de introducirle sustantivas reformas, al cabo de 7 largos años de tramitación, las cuales morigeraron un tanto los aspectos del mismo que podrían redundar en injustas persecuciones.
En los últimos días, en la Cámara de Diputados, algunos parlamentarios de la Concertación votaron a favor sólo por causa de las promesas de veto presidencial a importantes aspectos de tales indicaciones introducidas en el Senado.
Por su parte, los parlamentarios de la Alianza que declararon sus reticencias frente al Proyecto, votaron a favor únicamente en razón de esas garantías introducidas en el Senado, las cuales a su vez dependen de los referidos “vetos”.
El propio Gobierno considera que el Proyecto se debe aprobar y que después habrá que “perfeccionarlo” con otras leyes que corrijan sus defectos y carencias. Lo cual equivale a declarar que la iniciativa tampoco lo convence. Más valdría que examinase por qué no lo convence y en función de eso definiera su acción.
La Corte Suprema de Justicia, en dos oportunidades se mostró contra el Proyecto, entendiendo que la no discriminación ya está debidamente tutelada por la garantía constitucional existente y advirtiendo sobre el alud de demandas judiciales que la ley resultante podría provocar.
La Iglesia Católica, a través de sus Pastores, ha hecho sentir en más de una ocasión su grave preocupación por el riesgo de que este Proyecto deje margen a indebidas mutilaciones de la libertad del ejercicio en materia de religión, una vez que se podrá cercenar la libertad de expresión en relación a la moral por causa de acusaciones de ser “discriminadora”.
Los medios de comunicación social han publicado diversas editoriales de advertencia sobre los riesgos de que, con la vigencia de tal ley, se formen minorías privilegiadas que aleguen que actúan contra las discriminaciones, pero de hecho, con sus conductas, se trasformen, de activistas obsesionados contra éstas, en promotores de otras discriminaciones en sentido opuesto. Y de hecho ya van surgiendo en estos días síntomas de que tal cosa efectivamente ocurrirá.
Incluso en el Senado, durante la tramitación, hubo tumultos de los asistentes porque se podría, con base en la ley en cuestión, proscribir el uso de las expresiones contra las conductas homosexuales que constan en las Sagradas Escrituras que el país entero mira con respeto.
¿Por qué entonces se continúa con la tramitación de forma abiertamente precipitada? ¿Será que el lobby homosexual -el único interesado en su aprobación- conseguirá imponerse sobre todas las instituciones del País? ¿Será que hay sectores políticos que buscan instrumentalizar a ese y a otros lobbies contra los sectores de signo opuesto? ¿Es ésta una manera de eliminar conflictos o más bien de crearlos?
Es lo que está por verse.