Santiago, 20 de agosto del 2014
Eminencia Reverendísima
Señor Cardenal, Ricardo Ezzati, sdb y
Excmos. Señores Miembros del Comité Permanente del Episcopado
El pasado 21 de julio los Señores Arzobispos y Obispos miembros de Comité Permanente del Episcopado Chileno dieron a conocer una declaración relativa a la familia y sus cambios, bajo el título de “La vida y la familia: regalos de Dios para cada uno de nosotros”.
Naturalmente, valoramos la claridad en la defensa de la familia basada en el matrimonio como base de la sociedad y la inviolabilidad del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.
Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra profunda perplejidad y dolor en relación con la forma en la cual el documento se refiere a las uniones homosexuales. Hemos esperado que pasase un tiempo prudencial, por si alguna aclaración posterior las precisaba, pero, transcurrido ya un mes, creemos necesario hacerlas presente, con toda la veneración y el respeto que corresponde a sus altas investiduras.
1.- Hace precisamente 10 años la Santa Sede dio a conocer el documento “Consideraciones acerca de los Proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”, firmado por el entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, y autorizado expresamente por el Papa entonces reinante, Juan Pablo II.
En las “Consideraciones”, destinadas a orientar las declaraciones de los Obispos a respecto de tales uniones, se establecía: “Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva”.
2.- En las Consideraciones se recuerda también que “en la Sagrada Escritura las relaciones homosexuales «están condenadas como graves depravaciones… (cf. Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tim 1, 10). Este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía sean personalmente responsables de ella; pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados». El mismo juicio moral se encuentra en muchos escritores eclesiásticos de los primeros siglos, y ha sido unánimemente aceptado por la Tradición católica”.
3.- En el reciente Documento de los Señores Miembros del Comité Permanente (CPECh), se omite cualquier juicio moral sobre las conductas homosexuales, y peor aún, se afirma que las uniones homosexuales generan derechos básicos: “hay que preocuparse de ese grupo humano, aunque minoritario, para que sean respetados y no discriminados por su condición y para que cuenten con los derechos básicos para una unión, pero no un matrimonio”. (subrayado nuestro)
Tal afirmación, permítannos decir, constituye un grave error moral, pues los derechos derivan de la naturaleza ordenada por Dios, nunca de un desorden moral como son las conductas homosexuales. Afirmar explícitamente que esas conductas generan derechos, implica afirmar su bondad moral y si ellas constituyen un bien moral, no se ve a qué título se deban prohibir los “matrimonios homosexuales”.
4.- En sentido opuesto al documento del CPECh, las Consideraciones ya citadas establecen: «Es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos. En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Por el contrario, constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social.» (subrayado nuestro)
5.- No se ve cómo no concluir entonces, que el Documento del CPECh considera bueno y necesario que exista un reconocimiento legal de las uniones homosexuales, y que, de este modo, da un aval al actual Proyecto del AVP que pretende establecer precisamente esta regulación.
Esta interpretación no es antojadiza pues, como se recordará, inmediatamente que salió publicado el documento del CPECh, uno de los portavoces del lobby homosexual, presidente de la Fundación Iguales, declaró: “pese a que la Iglesia se ha opuesto al AVP “con esta declaración lo apoya”. “Estamos seguros que va a pasar lo mismo con el matrimonio igualitario en el futuro”. ([i])
6.- Por otra parte, es de conocimiento de los Sres. Miembros del Comité Permanente que el Proyecto de Ley conocido como AVP será votado en el Senado en pocas semanas más. La declaración no hace referencia a la obligación moral que los legisladores católicos tienen de oponerse a él. Precisamente a este respecto, las Consideraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, establecen que “Si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial, según la responsabilidad que les es propia”.
7.- En realidad, nos consta que Monseñor Juan Ignacio González, a nombre de la Conferencia Episcopal, concurrió a la Comisión del Senado para expresar los reparos de la Iglesia a la aprobación del AVP. También tomamos conocimiento de las declaraciones del Señor Cardenal contra del Proyecto de uniones de hecho. Sin embargo, sus oportunas y valientes afirmaciones parecen quedar, si no desmentidas, al menos gravemente disminuidas, en sus consecuencias concretas, por esta última declaración.
8.- No se puede considerar que el documento del CPECh se abstenga de condenar el AVP en razón de ser éste el “mal menor”, pues, como mejor que nosotros lo saben los Sres. Obispos, entre males morales la alternativa no existe. Así, una ley moralmente mala no puede ser aceptada en sustitución de otra peor. Más aún cuando, no habiendo todavía ninguna ley aprobada, la única actitud que los católicos debemos tomar es la de oposición “incisiva” a este primer objetivo del lobby homosexual conforme lo señalan las ya citadas Consideraciones. ([ii])
9.- Para tantos laicos católicos que se han empeñado en impedir la aprobación del AVP basados en la doctrina de la Iglesia, así como para la Asociación Acción Familia que representamos, el documento del CPECh, desestimula la acción. Pues, ¿con qué argumentos podemos rebatir a los parlamentarios que nos respondan que los Obispos han aprobado las uniones civiles homosexuales con tal de que no sean llamadas de matrimonios?
10.- En consecuencia de lo expuesto, nos permitimos pedir a los Señores Obispos que, en la inminencia de la votación en el Senado del Proyecto del AVP, manifiesten de modo inequívoco, público, “incisivo” y en conjunto, la maldad moral de este Proyecto y los efectos funestos que tendrá. Maldad que se ve agravada aún más por las indicaciones de que ha sido objeto en su larga tramitación legislativa, que lo transforman en un verdadero matrimonio de segunda clase.
Si los Sres. Obispos proceden así, estamos seguros de que la Historia los juzgará como héroes que se opusieron al “mundanismo” de nuestro tiempo, porque habrán hecho oír su voz de Pastores de modo claro, indiferentes a las consideraciones humanas y políticas, para preservar a esta Nación que pertenece al “Continente de la Esperanza”.
Pedimos a Nuestra Señora del Carmen que Ella impida la aprobación de este nefasto proyecto del AVP, antesala del otro que fatalmente vendrá después, el “matrimonio homosexual”, como ya lo han expresado muchos de sus promotores.
Pidiendo su bendición, los saludan con todo respeto y estima
En Jesús y María
Alfredo Mac Hale Espinosa Luis Montes Bezanilla
Carlos del Campo García Huidobro Juan Antonio Montes Varas
[i] Cfr. “La Tercera”, 22 de julio, 2014.
[ii] «En verdad, si es lícito tolerar alguna vez el mal menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y, por lo misma indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiera salvaguardar el bien individual, familiar o social» (Enc. Humanae vitae, 14).
