Desde hace años los demógrafos han tratado de llamar la atención de los responsables políticos sobre el invierno demográfico que se anunciaba, sin resultado. Cuando se discutió el tratado de Niza, la Comisión Europea había manifestado una primera señal de alerta seria, pero sin suscitar ninguna reacción de parte de los Estados miembros. En su Libro verde de 2005 ella califica la situación demográfica de Europa como un «fenómeno sin precedentes» lanzando así un verdadero grito de alarma, subrayando más adelante, en octubre de 2006, que se trataba «de uno de los más importantes desafíos que la Unión Europea deberá enfrentar en el curso de los próximos años».
Se dice que la necesidad hace ley. Delante de la enorme crisis demográfica que amenaza a la Unión Europea, y más particularmente a ciertos países como Italia y Alemania, la Presidencia alemana, a través de la señora Ursula von der Leyen, ha propuesto al Consejo Europeo la firma de una alianza europea por la familia. En ese espíritu, ella ha pedido igualmente al Comité Económico y Social (CES) europeo una opinión sobre el tema: «la familia y la evolución demográfica».
Esta opinión ha sido adoptada en la sesión de Marzo por la gran mayoría (un solo voto en contra) mostrando la concordancia de la sociedad civil europea sobre ésta cuestión, ocultada durante mucho tiempo por razones ideológicas. El CES europeo propone que la Comisión establezca un registro de buenas prácticas en materia de política familiar y, por otra parte, la firma de un pacto europeo en favor de la familia, algo parecido al Pacto Europeo por la Juventud.
Este pacto contendría algunos compromisos concretos por parte de los estados miembros:
1. Poner en práctica políticas que respondan a los anhelos de las poblaciones sobre el número de niños deseados por los matrimonios europeos. Todas las encuestas indican que ellos querrían tener más niños de los que tienen. Se trataría especialmente de establecer ayudas financieras directas, adaptaciones fiscales, ofrecer apoyo público o privado para la acogida y cuidado de los niños, accesibles a todos;
2. Fijar un presupuesto público consagrado a los niños y a la familia, lo que es una inversión para el futuro, para evitar que los presupuestos públicos sean avasallados por los costos colectivos de la «gerontocracia»;
3. Garantizar un ambiente favorable a la familia, a las madres, a los padres y a los niños, poniendo por obra medidas concretas para facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional (permisos a los padres, adaptaciones de los horarios de trabajo, etc….)
4. Un compromiso de permanencia y de duración de las medidas tomadas en favor de la infancia y de la familia, ya que la perennidad de este tipo de políticas es una de las llaves de su éxito.
El Comité Económico y Social europeo concluye así sus recomendaciones: «el ser humano no es sólo un productor y un consumidor. El posee en sí una dimensión social y afectiva que constituye su dignidad. Toda política verdaderamente humanista debe no sólo tenerla en cuenta, sino preservar esta dimensión esencial de la vida humana. Las políticas familiares concurren plenamente al desarrollo de las personas y a la armonía de las sociedades. Adoptando un «Pacto europeo por la familia», la Unión Europea se mostrará fiel a los compromisos de su Carta europea de derechos fundamentales».
Aunque es lamentable que esta constatación se haga tan tarde, debemos alegrarnos con el hecho de que finalmente hayan tomado conciencia del problema y de modo claro, en un momento en el cual la Unión Europea duda de sí misma y de su futuro.
(S.B.) (in Correspondance Européene, 20 de abril de 2007).
