Como es de conocimiento público, la autodenominada “Red chilena contra la violencia doméstica y sexual” organizó el domingo 27 de marzo, una serie de manifestaciones (funas), frente a las iglesias-catedrales de Santiago y otras ciudades.
Dichas manifestaciones tuvieron como pretexto protestar contra los abusos cometidos por el ex párroco de la iglesia del Bosque, P. Fernando Karadima.

[columnlayout][columncontent width=»50″]Sin embargo, tal pretexto resulta contradictorio con los objetivos de la entidad organizadora, pues esta Red promueve la legalización de las conductas homosexuales y de los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen la legalización del aborto y de la homosexualidad. Es decir, la entidad considera que todos pueden tener las relaciones sexuales que consideren placenteras, sin ningún límite de edad. Los carteles desplegados frente a la Catedral de Santiago ayer aludían precisamente a estos objetivos.

Por otra parte, en el caso del mencionado sacerdote, existió una condenación rápida y severa contra él por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con amenaza de reducción al estado laical, la máxima sanción canónica a un eclesiástico, en el caso de que no cumpliese las sanciones impuestas.

Por lo tanto, lo que se esconde detrás del pretexto utilizado por los organizadores de la manifestación no es sino el deseo de atacar a la Iglesia Católica, como institución divina y como sustento del orden moral de la sociedad.

Todo esto resulta claro e incontestable. Sin embargo, hay otro aspecto que es menos conocido y que resulta oscuro. Es el apoyo que este organismo contra la supuesta violencia “doméstica y sexual”, que muestra tener otra índole, recibe del Gobierno y de la Conferencia de Religiosos católicos de Chile, Conferre.[1]

En efecto, en la página web del Sernam, se informa que, en el período de marzo del 2010 a marzo del 2011, este organismo público entregó a la “Red contra la violencia doméstica y sexual”, la cantidad de seis millones de pesos. [2]

[/columncontent][columncontent width=»50″]¿Cómo entender que un Gobierno que acaba de recibir un premio internacional por su oposición al aborto, financie a una organización que se declara abortista?

Sin embargo, hay otra contradicción aún peor. La Conferencia de Religiosos de Chile invitó precisamente a la responsable de las funas, Patricia Olea Castro, “a un espacio de Reflexión y diálogo”, por ocasión del “día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer en el mundo”, celebrado el 25 de noviembre pasado, en el departamento de Género de la Conferencia de Religiosos de Chile.

¿Cómo entender que un organismo de la Iglesia y de personas consagradas abra sus puertas a quienes están promoviendo el ataque físico y moral contra las catedrales de las principales ciudades de Chile?

Dos contradicciones graves e inexplicables que son muestras del estado de profunda confusión que afecta a las dos instituciones que son pilares del orden moral y social del País.

Es urgente que las autoridades eclesiásticas y civiles tomen medidas al respecto.[/columncontent][/columnlayout]

[1] http://www.diegodemedellin.cl/actividades.php?idnota=330

[2] En el Reporte de Transferencias Ingresadas, del Ministerio de Hacienda, está la donación de $ 6.000.000 hecha por el SERNAM al rut 65.481.590-9 (ver), que corresponde a la Red que organizó la “funa” (ver ese rut en el lado izquierdo de la página de esa Red)