El título de la declaración lo dice todo: «Declaración conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones a los derechos humanos de las personas en razón de la orientación sexual o la identidad de género».

Esta declaración de la ONU, apoyada por nuestro Gobierno, es característica del deseo de confundir asociando los delitos contra las personas con el concepto de discriminación. Esa confusión lleva a implementar leyes arbitrarias, que provocan los atropellos que están ocurriendo en Europa y que hacen peligrar la libertad religiosa.

Los delitos deben ser castigados por la ley penal existente, sin necesidades de leyes especiales ni de acuerdos internacionales.

¿Por qué tanta insistencia en esta confusión? La explicación está en que lo que se busca en última instancia es forzar un reconocimiento social de las relaciones homosexuales.

La discriminación arbitraria es tan difícil de definir, sin que se transforme en una caza de brujas, que el proyecto de ley que existe en Chile no ha podido ser aprobado en más de seis años de tramitación porque los congresistas no han conseguido definir el término.

Sin embargo, parece haber una determinación de llegar al absurdo: aprobar la ley sin definir claramente el delito que la ley castigará. (Ver la reciente campaña de Acción Familia, pulsando aquí).

Según información aparecida en el sitio del Movimiento Homosexual, la subdirectora de DDHH de la Cancillería, Alejandra Guerra, señaló al Movilh que el respaldo chileno a la Declaración «está en línea con la postura sistemática del país por fortalecer la lucha contra la discriminación, la violencia y la estigmatización de las personas por motivo de su orientación sexual o la identidad de género».

«Señalamos que este combate mantiene su urgencia atendidos los hechos de violencia que subsisten, afectando gravemente a personas en diversas regiones del mundo», añadió Guerra, quien ya se había reunido el año pasado con el Movilh en el marco de una cita donde ese colectivo pidió el respaldo chileno a declaraciones internacionales sobre lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales que fueran analizadas en la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (Mercosur) u otros bloques.

La nota del Movilh agrega con indisimulada satisfacción: «La Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería nos ha dado la buena noticia de que ya envió un mensaje oficial a nuestra Misión Permanente ante Naciones Unidas en Ginebra para que apoye la declaración”

Si el lobby homosexual manifiesta su contentamiento por este apoyo a la declaración de Ginebra es porque entiende que tal confusión no hace sino beneficiar el incremento de las conductas homosexuales y contraría las promesas pro familia del Presidente Piñera.