¿Qué diría Ud. si le dijesen que el Instituto oficial de Derechos Humanos amenaza el derecho de nacer?

Esto que puede parecerle absurdo es lo que ocurrió recientemente en Chile.

El nombre del Instituto en cuestión es: Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es una entidad creada por ley con el objetivo de estudiar la situación de los DDHH en Chile. Este organismo entregó su primer informe anual correspondiente al año 2010.

La ceremonia de entrega del Informe 2010 contó con la presencia del Presidente Piñera y de dos ex – Presidentes; del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de Ministros y Parlamentarios.

Todos los presentes fueron unánimes en señalar que la presentación de este Primer Informe constituía un “hito histórico” en materia de “avance” en el respeto a los derechos de las personas.

La portavoz del Gobierno, Sra. Ema von Baer declaró que este documento servirá al Gobierno de “faro” para dirigir sus políticas públicas en esta materia.

Sin embargo de todas estas manifestaciones, Acción Familia considera que existe una enorme contradicción entre el pomposo nombre del Instituto y el contenido del Informe.

Paulatina aceptación del aborto:

En efecto, lejos de asegurar los derechos de las personas, el Informe de los Derechos Humanos es un primer paso para conseguir la aceptación del aborto en Chile, o sea la matanza de los no nacidos.

Decimos un primer paso pues, a pesar de la conocida posición pro aborto de la Sra. Fries, Presidenta del Instituto de DDHH, sería un contrasentido clamoroso que este Informe constituyera un claro llamado a la matanza de los inocentes.

A lo anterior se debe sumar el hecho de que probablemente no todos los Consejeros del Instituto sean igualmente favorables al aborto cuanto lo es la Presidenta de ese organismo.

Por estas razones el modo de decir sí al aborto fue de forma indirecta. El Informe recomienda “un debate serio e informado sobre el aborto (…) con miras a buscar nuevos acuerdos que se plasmen en la legislación y la política pública”.

Al mismo tiempo recomienda sancionar “a todo el personal de salud”, cuando sus miembros realicen preguntas “a las mujeres que lleguen a los hospitales con abortos en curso”.

Es decir, de acuerdo al Informe, los violadores de los DDHH no serían los culpables del asesinato de un ser no nacido, sino quienes falten a la “confidencialidad” de la paciente.

En tercer lugar, el Informe insta “a agilizar la aprobación del Protocolo Opcional de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (Cedaw).

Ahora bien, como se sabe, el Estado de Chile ya fue censurado en 1999 por este Comité del Cedaw porque la legislación nacional penaliza el aborto. ([1])

Luego, si se aprueba el Protocolo Facultativo del Cedaw, el Estado de Chile se pondría un lazo al cuello que lo obligará posteriormente a atender las recomendaciones que tal organismo le haga llegar para despenalizar el aborto.

Como se ve, sin decir claramente que la matanza de los inocentes es una conquista de los DDHH, el Informe promueve los cambios necesarios para ir preparando paulatinamente los ánimos en ese sentido.

Es de esperar que el Gobierno del Presidente Piñera no se deje encandilar por este “faro”, toda vez que él se ha manifestado en más de una ocasión en contra de la legalización del aborto. Pero no basta decirlo, es preciso actuar en consecuencia.

Sin embargo, la amenaza al derecho a nacer y contra los derechos de la familia no es la única aberración que está presente en el referido Informe.

Dejamos para una próxima ocasión, otras graves cuestiones como son el rebajar la edad para el consentimiento de las relaciones homosexuales, con lo cual de hecho se amplían los márgenes en que tales relaciones no podrán ser consideradas actos de pedofilia; y, la derogación del decreto que sanciona los atentados al pudor y las buenas costumbres.

[1] “…el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones al informe presentado por el Gobierno chileno en marzo de 1999, estableció que la penalización del aborto plantea problemas serios al poner en peligro la vida de las mujeres (sic)… y se recomendó al gobierno chileno a

adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo” ([1]), “mediante la revisión (eliminación o reforma sustancial) de la legislación en torno al aborto”