Bajo el título «Cristianos enfrentan una nueva persecución«, el diario inglés Telegraph del 11 de abril de 2009, informa que se está discutiendo en el Parlamento Europeo una nueva Directriz para combatir la llamada «discriminación» en toda Europa.

Esta Directriz muestra algunos de los extremos de persecución religiosa a que se puede llegar con proyectos de no discriminación como el que se tramita en Chile. Sobre esta materia ver esta selección.

El Directriz ha alarmado con toda razón a los católicos ingleses. En nombre de la no discriminación, se obligará a las escuelas confesionales a admitir incrédulos y forzará a las iglesias a realizar ceremonias de matrimonio de parejas del mismo sexo.

El mismo periódico comenta que lo que se está intentando hacer, bajo pretexto de eliminar la discriminación, es instalar la discriminación contra los cristianos.

El corresponsal de asuntos religiosos de este mismo periódico, Jonathan Wynne-Jones, comenta basado en especialistas, que las propuestas contenidas en la Directriz de la Unión Europea permitirá procesar a las iglesias que nieguen la Sagrada Comunión, la calidad de miembros, o el bautismo a los no cristianos o ateos.

El mismo proyecto tornará ilegal el ofrecer bienes o servicios a un sector específico de la sociedad. Esto será aplicable a todas las organizaciones que ofrezcan un servicio al público, incluyendo hospitales, obras de caridad, empresas y prisiones, así como a las iglesias.

Según uno de los más prominentes abogados de derechos humanos, esta Directriz podrá transformarse en un «instrumento de discriminación u opresión«.

Algunos diputados del Parlamento Europeo agravaron este mes esta situación eliminando las excepciones para «organizaciones basadas en la religión o las creencias» que estaban en el proyecto original.

Los colegios católicos tendrán que enfrentar procesos penales si no consiguen justificar sus criterios de selección los alumnos.

El parlamentario inglés, Daniel Hannan, afirmó que: «Como está, esta legislación no sólo amenazará a las escuelas confesionales, a los hospitales, a las agencias de adopción o similares; puede forzar también a los partidos políticos a aceptar en sus filas a los opositores políticos o a criminalizar a las instituciones constituidas por miembros de un solo sexo«.

La Directriz exige que los países miembros de la Unión Europea transfieran a Bruselas el poder de tomar decisiones en esta materia.

Alguien podrá decir que es imposible que se apruebe un proyecto de esta naturaleza. Las leyes de no discriminación ya existentes en varios países europeos, y la que se tramita en nuestro país, muestran que todos los absurdos pueden ser impuestos en nombre de los llamados “derechos humanos”.

En todo caso, la Directriz indica un evidente rumbo anticatólico que se quiere imponer a todos los países.